Descripción
Aunque la moneda es parte fundamental en las relaciones humanas, su estudio jurídico ha sido muy esporádico, y casi inexistente.
Con Derecho Monetario se busca llenar el vacío presente tanto en la doctrina colombiana, como en la internacional.
La primera parte está dedicada al estudio de la moneda en sí misma. Para tal efecto, se remite a la historia universal, desde los inicios remotos de la misma en la cuenca del Mediterráneo oriental, pasando por las monedas que en el transcurrir de los tiempos han sido las de mayor aceptación y permanencia en las relaciones entre los distintos pueblos, hasta las actuales y contemporáneas modalidades, caso del Euro. De la moneda como manifestación de la soberania nacional, se pasa a la moneda en calidad de acuerdo supranacional. A nivel nacional, se presenta la historia de la moneda en la normatividad del país. Se precisan los principios jurídicos, y los efectos económicos.
La segunda parte comprende a los entes que en un principio ejercían la atribución de emitir la moneda, y se llega a los que actualmente cumplen la función pública de regular la moneda. Inicialmente, se refiere a la historia económica de los bancos privados de emisión; continúa con la sustitución por un solo banco de emisión en cada Estado, con el paradigma del Banco de Inglaterra; para llegar, dentro de la evolución de esta figura, a la institución del banco central independiente que actualmente impera en la teoría de la regulación monetaria, siguiendo el modelo del Banco Federal Alemán. Para el caso colombiano, se alude a los bancos de emisión del siglo XIX, se trata la creación del Banco de la República en 1923, y su posterior evolución; luego, la creación de la Junta Monetaria, que ejerció las competencias durante cerca de tres décadas. Finalmente, se aniliza, con profundidad, la regulación en la Constitución Política de 1991, que asigna al Banco de la República la forma jurídica de la entidad del orden constitucional, dotado de naturaleza jurídica independiente, con las funciones otorgadas a su Junta Directiva de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, con el objeto, en nombre del Estado, de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.
